La inmensa mayoría de las resoluciones presentadas por PSOE y PP se refiere a economía, pero hay también propuestas políticas sobre futuras reformas legales. Así, el PP quiere someter al pleno una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar la llamada jurisdicción universal, que permite a la Audiencia Nacional actuar sobre delitos cometidos fuera de España. El PP pone como requisito para esa actuación que quede "acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española y, en todo caso, que en el país del lugar donde se cometieron los hechos delictivos, o en el seno de un tribunal internacional, no se ha iniciado causa penal".
El Gobierno también se ha mostrado en alguna ocasión favorable a limitar esa actuación de la Audiencia Nacional.
El PP, además, vuelve a insistir en una resolución para que se garantice la educación en castellano en todas las comunidades y que en traslados, concursos y oposiciones no sea "mérito determinante" el conocimiento de las lenguas cooficiales. Por otro lado, presenta en forma de resolución parte de los contenidos de su contrato de integración, que obliga a los inmigrantes a aprender español como condición "para facilitar el acceso al empleo".
El PSOE quiere alcanzar un "acuerdo social en materia de justicia" que incluya a Gobierno, Parlamento, comunidades, Poder Judicial y "el conjunto de operadores jurídicos y de la sociedad civil". Ese acuerdo incluiría la aprobación de la nueva oficina judicial que está atascada en el Congreso, reformar la legislación penal para potenciar la mediación, crear un registro civil único y mejorar la colaboración entre comunidades autónomas.
El PP, además, vuelve a insistir en una resolución para que se garantice la educación en castellano en todas las comunidades y que en traslados, concursos y oposiciones no sea "mérito determinante" el conocimiento de las lenguas cooficiales. Por otro lado, presenta en forma de resolución parte de los contenidos de su contrato de integración, que obliga a los inmigrantes a aprender español como condición "para facilitar el acceso al empleo".
El PSOE quiere alcanzar un "acuerdo social en materia de justicia" que incluya a Gobierno, Parlamento, comunidades, Poder Judicial y "el conjunto de operadores jurídicos y de la sociedad civil". Ese acuerdo incluiría la aprobación de la nueva oficina judicial que está atascada en el Congreso, reformar la legislación penal para potenciar la mediación, crear un registro civil único y mejorar la colaboración entre comunidades autónomas.
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