El Ejecutivo busca apoyos parlamentarios a derecha e izquierda para sacar adelante sus proyectos contra la crisis y para ampliar algunos derechosLUIS R. AIZPEOLEA / ANABEL DÍEZ - Madrid - 23/03/2009 / El País.com
En medio de una crisis económica cuyo fondo y duración no se adivina y con la ausencia de apoyos estables en el Parlamento, el Gobierno ha decidido arriesgarse y acelerar la elaboración de un paquete de medidas económicas y de extensión de derechos. En total, 15 proyectos de ley que serán enviados al Congreso escalonadamente en los próximos meses. Los interlocutores gubernamentales consultados afirman que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, mantiene su objetivo de llevar adelante reformas estructurales que pongan las bases para cambiar el modelo productivo español.
Ésta es la decisión política pero ni una sola ley puede salir adelante con el exclusivo apoyo de los 169 diputados del PSOE. Cada una de ellas deberá ser negociada con grupos de la oposición, y además su éxito no está asegurado porque, de entrada, algunas de ellas pueden encontrar objeciones de la derecha y de la izquierda, aunque por razones diferentes.
Lo cierto es que la legislatura se ha complicado extraordinariamente desde el pasado día 1. La intención de los socialistas vascos de formar Gobierno ha provocado una declaración de guerra del PNV al Ejecutivo central en las Cortes. Desde ese día, los peneuvistas suman sus votos a todas las iniciativas de otros grupos que vayan contra el Gobierno, sin distinción de siglas.
Aun así, desde la Vicepresidencia primera del Gobierno, cuya titular, María Teresa Fernández de la Vega, coordina la quincena de proyectos en marcha, se tiene confianza en que los grupos parlamentarios apoyarán reformas imprescindibles para facilitar la salida de la crisis.
Desde esta perspectiva confían incluso en que CiU les apoye, a pesar de la negativa de los partidos catalanes -también ICV y ERC- a respaldar al Ejecutivo antes de que quede pactada la nueva financiación autonómica. Ahora bien, para que ese apoyo se produzca será necesaria mucha negociación y la disposición gubernamental de aceptar las contrapropuestas de la oposición, reconocen en la dirección del Grupo Parlamentario Socialista. El equipo que dirige el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, ha pedido ya al Gabinete que, ministro a ministro, empiecen de inmediato una labor de diálogo con la oposición y con los sectores sociales y económicos concernidos en las leyes que se quieren aprobar. Alonso sabe de primera mano que la oposición no aceptará que, sin más, le pongan delante una ley para que la apoyen. Quieren negociar.
Así se lo dijeron el pasado miércoles Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, y Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya, por un lado, y Joan Ridao (ERC), por otro. "Hay que meter en el bombo el paquete legislativo del Gobierno pero también el de la oposición", señala Llamazares.
La coordinación entre el Gobierno y el Grupo Socialista se extremará para que la comunicación con la oposición, es decir, con quienes pueden sacar adelante las leyes, sea constante. También con CiU y con el PNV. Los socialistas confían en que los peneuvistas, pasado un tiempo, y digerido su paso a la oposición en Euskadi, abandonen su actitud de rechazo a todo lo que venga de Rodríguez Zapatero.
Pero por si acaso, hay que abrir el abanico. El PSOE confía en que las relaciones con el Bloque Nacionalista Galego sean correctas por cuanto que el mazazo electoral lo han recibido ambos en Galicia. Y se mantendrá el diálogo con Coalición Canaria, Nafarroa Bai y Unión, Progreso y Democracia. En este contexto volátil, es muy posible que estos grupos voten según sus propios intereses.
El PSOE sabe que la unión del PP (153 diputados), con CiU (10) y el PNV (6), les lleva a empatar. De ahí que se acerquen todo lo que puedan a todos los demás. No obstante, en los cálculos del Gobierno entra la hipótesis de que el PP pueda apoyar, con la negociación previa pertinente, algunas de sus leyes económicas y, de manera inmediata, las que van a surgir de la reunión del G-20 de primeros del mes de abril.
Tampoco tira la toalla respecto a la posibilidad de que el PP apoye los proyectos legislativos que vendrán del Ministerio de Justicia, que ahora dirige Francisco Caamaño. De momento, sólo está asegurado el voto de los grupos de izquierda a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una de las 15 leyes que el Gobierno quiere negociar.
Lo cierto es que la legislatura se ha complicado extraordinariamente desde el pasado día 1. La intención de los socialistas vascos de formar Gobierno ha provocado una declaración de guerra del PNV al Ejecutivo central en las Cortes. Desde ese día, los peneuvistas suman sus votos a todas las iniciativas de otros grupos que vayan contra el Gobierno, sin distinción de siglas.
Aun así, desde la Vicepresidencia primera del Gobierno, cuya titular, María Teresa Fernández de la Vega, coordina la quincena de proyectos en marcha, se tiene confianza en que los grupos parlamentarios apoyarán reformas imprescindibles para facilitar la salida de la crisis.
Desde esta perspectiva confían incluso en que CiU les apoye, a pesar de la negativa de los partidos catalanes -también ICV y ERC- a respaldar al Ejecutivo antes de que quede pactada la nueva financiación autonómica. Ahora bien, para que ese apoyo se produzca será necesaria mucha negociación y la disposición gubernamental de aceptar las contrapropuestas de la oposición, reconocen en la dirección del Grupo Parlamentario Socialista. El equipo que dirige el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, ha pedido ya al Gabinete que, ministro a ministro, empiecen de inmediato una labor de diálogo con la oposición y con los sectores sociales y económicos concernidos en las leyes que se quieren aprobar. Alonso sabe de primera mano que la oposición no aceptará que, sin más, le pongan delante una ley para que la apoyen. Quieren negociar.
Así se lo dijeron el pasado miércoles Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, y Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya, por un lado, y Joan Ridao (ERC), por otro. "Hay que meter en el bombo el paquete legislativo del Gobierno pero también el de la oposición", señala Llamazares.
La coordinación entre el Gobierno y el Grupo Socialista se extremará para que la comunicación con la oposición, es decir, con quienes pueden sacar adelante las leyes, sea constante. También con CiU y con el PNV. Los socialistas confían en que los peneuvistas, pasado un tiempo, y digerido su paso a la oposición en Euskadi, abandonen su actitud de rechazo a todo lo que venga de Rodríguez Zapatero.
Pero por si acaso, hay que abrir el abanico. El PSOE confía en que las relaciones con el Bloque Nacionalista Galego sean correctas por cuanto que el mazazo electoral lo han recibido ambos en Galicia. Y se mantendrá el diálogo con Coalición Canaria, Nafarroa Bai y Unión, Progreso y Democracia. En este contexto volátil, es muy posible que estos grupos voten según sus propios intereses.
El PSOE sabe que la unión del PP (153 diputados), con CiU (10) y el PNV (6), les lleva a empatar. De ahí que se acerquen todo lo que puedan a todos los demás. No obstante, en los cálculos del Gobierno entra la hipótesis de que el PP pueda apoyar, con la negociación previa pertinente, algunas de sus leyes económicas y, de manera inmediata, las que van a surgir de la reunión del G-20 de primeros del mes de abril.
Tampoco tira la toalla respecto a la posibilidad de que el PP apoye los proyectos legislativos que vendrán del Ministerio de Justicia, que ahora dirige Francisco Caamaño. De momento, sólo está asegurado el voto de los grupos de izquierda a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una de las 15 leyes que el Gobierno quiere negociar.
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